Logo Disversa

Elecciones 2021: Propuestas para Personas con Discapacidad en los Programas de Gobierno

El futuro de quién será la próxima presidenta o presidente de Chile está en manos de todas y todos los votantes el próximo domingo 21 de noviembre.

Como es nuestra preocupación y ya una tradición, hemos revisado cada programa de la candidata y los seis candidatos en busca de sus propuestas para las personas con discapacidad. A continuación les dejamos sus principales ideas y objetivos para nuestra comunidad. 

Las propuesta fuera tomadas de los programas de gobierno publicados en cada sitio web al 1 de noviembre de 2021. Además, el orden de la candidata y los candidatos es de acuerdo a cómo aparecen en la papeleta de votación. 

1. Gabriel Boric Font 

En su nuevo programa de gobierno, publicado el 1 de noviembre de 2021, sostiene que tras realizar un proceso participativo con mesas ciudadanas desarrolladas entre 20 de septiembre y 24 de octubre, este documento contiene 13.250 propuestas de las cuales 246 sobre sobre inclusión y discapacidad. 

Además, dentro de 53 cambios concretos para un Chile nuevo, comprometidos en el inicio del documento, el punto 31 establece: “Crearemos un un Sistema Nacional de Cuidados, para asumir con corresponsabilidad social los cuidados que hoy recaen fundamentalmente sobre las mujeres, bajo los principios de participación, universalidad, pertinencia local y cuidado comunitario. Tendrá como foco la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores con y sin dependencia y personas cuidadoras”.

Capítulo 2 Avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades.

Un Sistema Universal de Salud

10. Salud mental como prioridad.

Fortalecimiento del modelo comunitario: aumentaremos la cobertura y calidad de salud mental en toda la red, fortaleciendo la cobertura del programa de acompañamiento psicosocial en la APS. Propondremos políticas de apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad psicosocial. Crearemos al menos 15 Centros Regionales de Salud Mental y centros diurnos de demencia, y desarrollaremos estrategias de implementación rápida de equipos móviles.

Sistema Nacional de Cuidados

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2015), las mujeres dedican al día más del doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (5,89 vs. 2,74 horas). Esto se ha agravado durante la pandemia, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres, incluyendo sus posibilidades de educarse, acceder al mercado de trabajo y ahorrar para sus pensiones de vejez. Ante la ausencia de infraestructura y servicios de cuidado, las mujeres asumen la responsabilidad de solventar con su trabajo gratuito el cuidado de niños, niñas y personas con algún nivel de dependencia por enfermedad, discapacidad o avanzada edad, deteriorando su propia salud y empobreciendo a todo el grupo familiar y sus perspectivas de desarrollo.

Con miras a superar esta injusta división sexual del trabajo y la precariedad en la que se ejecutan las labores de cuidado, nuestro Gobierno establecerá un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que coordine con perspectiva feminista, intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales bajo los principios del cuidado como un derecho social y humano, de acceso universal. Proponemos transitar desde el sistema de cuidados actual, que descansa exclusivamente en la familia y especialmente sobre las mujeres, hacia uno de corresponsabilidad social de los cuidados, que involucre a los hogares, las comunidades y el Estado.

El Sistema Nacional de Cuidados se establecerá sobre los siguientes pilares, en los que se irá avanzando gradualmente: corresponsabilidad social de los cuidados, participación de la comunidad en su gobernanza,universalidad, pertinencia local, cuidado comunitario y gestión de datos (personas dependientes, personascuidadoras, redes de cuidados, profesionales, etc.). Tendrá como focos la niñez y adolescencia, las personas con discapacidad, las personas mayores con y sin dependencia y las personas cuidadoras.

1. Poblaciones objetivo del SNC. En cuanto a la niñez y adolescencia, gradualmente se irá avanzando hasta garantizar el cuidado de todo NNA hasta los 14 años a través de la ampliación del subsistema Chile Crece Contigo, corrigiendo actuales problemas de gobernanza y agregando un foco en la salud mental de NNA.

Para el cuidado de personas con dependencia funcional fortaleceremos la hospitalización domiciliaria y el apoyo de asistentes personales. Por otra parte, proponemos ampliar los espacios comunitarios para la infancia con un cuidado integral de NNA en situación de discapacidad. Desarrollaremos una red pública nacional de Centros de Desarrollo Integral Infantoadolescente que dé acceso a evaluación a niños y niñas con sospecha de TEA y tratamiento integral a NNA con diagnóstico de TEA a cargo de un equipo multidisciplinario con el propósito de apoyar la participación e inclusión de NNA con TEA y sus familias.

Para las personas mayores sin dependencia y con dependencia leve proponemos una política del envejecimiento digno, activo y saludable, un plan de alfabetización digital para favorecer la teleasistencia, un aumento en la cobertura de centros diurnos y la creación de centros de cuidados comunitarios con participación de organizaciones sociales.

Para las personas mayores con dependencia más avanzada, se facilitará su permanencia en casa a través de un programa remunerado de Agentes Comunitarios del Cuidado, vinculado a la Atención Primaria de Salud y a los gobiernos locales. Se ofrecerá teleasistencia para toda persona mayor y derecho a un asistente personal según necesidades. Se espera prevenir la dependencia severa con detección temprana y derivación y atención oportuna a través del vínculo del agente comunitario con la Atención Primaria de Salud. Modernizaremos el sistema actual de Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM), mejoraremos su sistema de fiscalización y aumentaremos su número. Avanzaremos hacia un modelo de vivienda tutelada que promueva el enfoque comunitario de cuidados y la promoción de la autonomía de las personas mayores. Se fortalecerá el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias, aumentando el número de centros comunitarios de apoyo para personas con demencia.

2. Cuidar a quien cuida. Urge resolver la falta de tiempo para la propia vida (descanso, trabajo, recreación, salud, un respiro) que las personas cuidadoras vienen demandando hace años. Para ello proponemos la creación de la figura remunerada del Agente Comunitario del Cuidado, que apoyará a la persona que cumpla el rol principal de cuidado para permitirle que dedique tiempo al desarrollo y cuidado de su propia vida. También esperamos garantizar el derecho a un asistente personal, profesional de atención domiciliaria que podrá reemplazar a quien cuida en ciertos horarios, estableciendo el “respiro” como un derecho básico para todo cuidador o cuidadora. Reconoceremos el trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa, por un valor igual al salario mínimo, el que será imponible y transformará a estas personas cuidadoras en contribuyentes del sistema de seguridad social. Por otro lado, estableceremos la credencial para la persona cuidadora, que le permita acceder a algunos beneficios como un plan de recuperación de la salud física, mental y dental para la cuidadora y capacitación para la reinserción laboral, entre otros, e impulsaremos la integración de personas cuidadoras a una red comunitaria de cuidados y a espacios de participación y decisión política.

3. Otras políticas de cuidado. Para ir normalizando el SNC es fundamental avanzar no solo en la corresponsabilidad social sino también entre padres y madres. Para ello, además de campañas comunicacionales y educacionales, se impulsará un posnatal obligatorio e intransferible para los hombres. Para estos efectos, se reconocerá a las familias diversas. Se promoverá la creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados y en general una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico.

Se establecerá un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas, y que sea el Estado el que persiga al deudor.

La ciudad tendrá que estar a la altura de este nuevo paradigma en los cuidados, y todo el transporte público deberá ser adecuado y accesible para las personas con dependencia. Los espacios públicos deberán ser aptos y seguros para el cuidado, es decir para que NNA, personas mayores y personas con discapacidad, además de sus cuidadores y familias, puedan habitar la ciudad de manera digna. También se fortalecerá y desarrollará el piloto Ciudades Amigables con mayor participación e interconexión a lo largo del país.

Para otorgar acompañamiento y cuidados a personas en situación de calle, fortaleceremos la implementación del programa piloto Vivienda Primero de MIDESO-MINVU entendiendo que es la vivienda el requisito esencial para la reinserción socioeducativa y laboral de estas personas. De igual manera proponemos una revisión del diseño y de las bases técnicas del programa Calle y de su articulación con salud, con el objetivo de mejorar el abordaje de esta compleja problemática con foco en la salud mental e inclusión social de los y las participantes.

Impulsaremos el desarrollo de los cuidados como un factor central en un nuevo modelo de desarrollo, fomentando la capacitación y el empleo formal, mejorando condiciones laborales para las y los trabajadores del cuidado, e impulsando economías locales bajo una perspectiva feminista y de justicia económica.

Capitulo 3 Profundización democrática y cuidar el proceso de cambios.

Derechos Humanos

3. DDHH de los grupos de especial protección.

Impulsaremos acciones afirmativas para corregir las desigualdades estructurales e históricas que han experimentado las mujeres y diversos grupos sociales y colectivos, tales como, entre otros, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas migrantes, comunidades afrochilenas, personas mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y bajo custodia del Estado, personas LGBTIQA+, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de pobreza.

Inclusión y discapacidad

Nuestro compromiso es transversalizar el enfoque inclusivo en nuestro Gobierno, conformando una institucionalidad coherente e inclusiva con este propósito. De manera más específica, nuestro programa para asegurar la inclusión de personas en situación de discapacidad se divide en las siguientes líneas de trabajo:

1. Como parte del Sistema Nacional de Cuidados, avanzaremos en la cobertura, con horizonte en la universalidad, del Sistema Nacional de Ayudas Técnicas (AATT). Las entendemos como elementos esenciales para la vida de personas con y sin discapacidad y para la prevención de la dependencia. Por esta razón, articularemos los programas que hoy entregan AATT y modernizaremos su gestión y los procesos de entrega/instalación, e incorporando un nivel de gestión y operación local que permita la recuperación de AATT que ya no estén en uso  (mantención/reparación y redistribución a usuarios en los casos en que sea posible).

2. Con el fin de hacer nuestro sistema educativo más inclusivo, en el contexto de la reforma al financiamiento escolar, modificaremos el financiamiento asociado a todas las modalidades de educación especial (escuelas especiales de discapacidad, escuelas especiales de lenguaje, programas de integración escolar y escuelas hospitalarias), asegurando que se entregue en función de los apoyos necesarios para una educación integral e inclusiva y no de la matrícula o asistencia.

3. Acceso a la justicia e institucionalidad. Para avanzar en la transversalidad de enfoque en torno a la discapacidad y poner fin a la interdicción crearemos un Sistema Nacional de Apoyos Públicos que garantice la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad que lo requieran. 

En línea con la modernización y reformulación del Ministerio de Desarrollo Social y la instalación del Sistema Nacional de Cuidados, modernizaremos la actual institucionalidad en discapacidad para dotarla de mayor relevancia y capacidad de coordinación.

4. Acceso al empleo. Tendremos una política y un programa especial para aumentar el acceso a empleo para mujeres con discapacidad, y actualizaremos una la Ley de Inclusión Laboral que aumente la cuota de personas con discapacidad en puestos de trabajo, mejore las competencias de la Dirección del Trabajo en el monitoreo del cumplimiento de la ley y siente las bases para la creación de un Sistema Integrado de Formación y Capacitación Laboral que aborde las necesidades de la población con discapacidad.

5. Acceso a la salud general y rehabilitación. En concordancia con la propuesta del Sistema Único de Salud, mejoraremos la cobertura para atenciones y también la accesibilidad al examen de medicina preventiva del adulto y el examen de medicina preventiva del adulto mayor, así como atenciones de salud oral, reproductiva y sexual. A la vez, pondremos énfasis en disminuir brechas profesionales de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional en rehabilitación de adultos en la Atención Primaria de Salud.

6. Reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas. Materializaremos la Ley 21.303 mediante un reglamento y políticas que garanticen una educación inclusiva, intercultural y multilingüe, y promoveremos el acceso a información y actividades en diferentes ámbitos de la vida (servicios públicos, cultura, salud, etc) a través de la lengua de señas chilena.

Fuente: https://boricpresidente.cl/propuestas


2. Jose Antonio Kast Rist

El programa de José Antonio Kast está compuesto de 829 propuestas en total. De ellas, las que están dirigidas a personas con discapacidad está centradas en el Capítulo Atrévete a Construir un Chile más Accesible. 

Atrévete a Construir un Chile más Accesible

704. Educación Inclusiva: En la actualidad Chile mantiene un sistema educativo que diferencia entre educación regular y otra destinada a estudiantes con “Necesidades Educativas Especiales” (NEE). Este último, a su vez, contempla dos alternativas: las Escuelas Especiales, instituciones que atienden exclusivamente a niños con discapacidad sensorial, intelectual, motora, relacionales, comunicativa y trastornos específicos del lenguaje, y los Establecimientos con Programas de Integración Escolar (PIE), para niños con dificultades del aprendizaje o en situación de discapacidad.

705. Una medida inmediata será fortalecer el rol de los Programas de Integración Escolar, aumentando las horas, optimizando los recursos con los que se cuenta y mejorar la fiscalización del uso de los mismos por los sostenedores, sea estos públicos o privados. Dado que los recursos existen, mas, están siendo destinados a otros fines, deben ser encauzados hasta alcanzar tutorías que contemplen casi el 50% de la carga horaria.

706. Respecto a los contenidos propiamente tales, urge modificar las bases curriculares pues los estudiantes en situación de discapacidad se enfrentan a una sobrecarga de contenidos que tiende a marginarlos. Pese a constituir un apoyo efectivo a los niños, siendo valorado positivamente por los padres, en términos prácticos, los alumnos PIE siguen siendo segregados, conformándose en “islas” al interior de los distintos establecimientos. Esto obedece a que la clasificación de las “Necesidades Especiales de Aprendizaje” (NEA), de acuerdo los criterios del Decreto 170, poseen una perspectiva médica, no educativa. Por esto, las NEA son clasificadas como “permanentes” y “transitorias”. Una aproximación educativa, por el contrario, debería diferenciar entre necesidades “comunes” o “individuales”.

707. A su vez, la derogación del Decreto 170 permitirá reponer el apoyo itinerante de especialistas y centros de recursos especializados como estrategia de inclusión para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. El objeto de esta medida es fortalecer el trabajo intersectorial, recuperando la experiencia y conocimiento desarrollados por las organizaciones de la Sociedad Civil que durante largo tiempo han trabajado con esta población.

708. Las Escuelas Especiales también deben ser objeto de profundas reformas, particularmente, los programas formativos con miras a una futura inserción laboral. Los actuales talleres laborales no tienden a la especialización ni cuentan con perfiles basados en demandas efectivas del mercado. Los estudiantes, por tanto, egresan a los 26 años sin mayores competencias para ingresar al mundo del trabajo o inclusive para desenvolverse de manera autónoma en la vida cotidiana.

709. Por todo lo anterior, a largo plazo, se debería avanzar hacia un sistema educativo inclusivo que entienda que las necesidades de todos los alumnos son contextuales. Aquello implica, entre otros cambios, una modificación en la formación docente desde el pregrado asociados a los programas de mejora. Para tales efectos, de manera inicial, se construirán colegios inclusivos modelos, a la usanza de los Liceos Bicentenario.

710. A nivel superior, la Ley 20.422 establece que las instituciones educativas deben contar con «mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras». Sin embargo, no se reglamentan mecanismos específicos que aseguren el acceso y participación de aquellos estudiantes en situación de discapacidad, dejándolos a la discrecionalidad de las distintas instituciones. Para cambiar esto, se propone que uno de los requisitos para la obtención de acreditación y financiamiento público sea la existencia de Unidades de Apoyo en Inclusión. Estas unidades, además de aportar con materiales y tecnología, deben asegurar el acompañamiento a lo largo de toda la carrera.

711. Inclusión Laboral: El 29 de mayo del año 2017 se promulgó la Ley 21.015 que “incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral”, estableciendo que todas las instituciones con una dotación anual de 100 o más trabajadores deberán contar con un 1% de funcionarios en situación de discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Ciertamente, la aplicación de la ley ha permitido la generación de más de 20.000 contratos en el sector privado, siendo las cifras del sector público más difusas y poco claras. Esto obedece, al menos en parte, a que las instituciones del sector privado son fiscalizadas y sancionadas si no dan cumplimiento a la normativa, mientras en el sector público no existe fiscalización ni sanción, solo la obligación de informar las contrataciones realizadas en el año. A lo anterior, se suma la ausencia de un enfoque local por parte de la normativa. En los pequeños poblados, es difícil hallar empresas con más de 100 trabajadores. En otros casos, grandes compañías como las empresas del retail con sucursales a lo largo de todo el país, concentran su cuota de 1% exclusivamente en las grandes ciudades.

712. Para lograr la inclusión laboral, se propone un sistema de incentivos tributarios, vía franquicia, para que las empresas financien adecuaciones arquitectónicas, ayudas técnicas y medidas de apoyo que eventualmente requieren las personas en situación de discapacidad en el trabajo.

713. Institucionalidad: Creada en virtud de la Ley 20.422 del 2010, la institución gubernamental dedicada a promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas en situación de discapacidad es el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS). Cuando cumple una década exacta de funcionamiento, SENADIS exhibe un pobrísimo desempeño, resultados deficientes derivados de su institucionalidad.

714. Se propone reemplazar el actual Servicio por una Subsecretaría de la Discapacidad, organismo encargado de asesorar técnicamente y coordinar a todas las instituciones a las distintas reparticiones estatales a fin de construir políticas públicas tendientes a permitir una inclusión y accesibilidad universal. Evidentemente, aquello implica vincular a los distintos ministerios con instituciones de la sociedad civil y actores privados, siempre en aras de adecuar procesos, servicios e infraestructura a las necesidades de todos los individuos, independiente de sus características físicas, psíquicas y morales.

715. Asimismo, todas las municipalidades deberán contar con una Oficina de Discapacidad. Si bien muchas comunas cuentan con programas de discapacidad o personas encargadas de las ayudas técnicas, estas no se encuentran estandarizadas. Estas Oficinas de Discapacidad deberán contar con estándares de funcionamiento mínimos para todas las comunas, con los consiguientes procesos de selección basados en criterios técnicos y no políticos. De esta manera, los organismos comunales tendrán la doble función de fortalecer el rol de la comunidad y proveer de información a la Subsecretaría de la Discapacidad, fortaleciendo la institucionalidad y política pública nacional desde la perspectiva local.

716. Finalmente, se debe optimizar el sistema de recolección de datos e información sobre personas con discapacidad, modernizando el registro y los sistemas de información. Paralelamente, se fortalecerá el Registro Nacional de Discapacidad (RND), permitiendo realizar diagnósticos precisos de la situación y contexto de personas con discapacidad –edad, sexo, tipo de deficiencia, pertenencia étnica, localización geográfica, entre otras–, determinando los desafíos de las políticas públicas para garantizar el goce efectivo de sus derechos. En el desarrollo de estos procesos se recomienda la consulta con organizaciones de personas con discapacidad.

717. Transporte y Accesibilidad: El 4 de marzo de 2016, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publica el Decreto N° 50 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para efectos de incorporar los criterios de accesibilidad y diseño universal establecidos en la Ley 20.422. La normativa, entre otras materias, regula las normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten a las exigencias de accesibilidad, criterios para las viviendas y estacionamientos de personas con discapacidad y acceso a medios de transporte público, bienes nacionales e instituciones estatales.

718. Velar porque el país sea apto para todos no se reduce a asegurar el desplazamiento, criterio de deambulación que afecta entornos y situaciones, sino también la capacidad de aprehender o alcanzar objetos físicos u obtener información de carácter auditiva (señales de alarma, avisos de megafonía) o visual (señalética, tamaño de textos) por aquellas personas con algún tipo de discapacidad sensorial o cognitiva. La localización implica que las personas deben hallar en todo momento información para encontrar algo o alguien. Finalmente, la comunicación se refiere al proceso de emitir, recibir o intercambiar información a través de los distintos canales disponibles (oral, escrito, visual, auditivo). La nueva regulación, acorde a los estándares internacionales, deberá implementarse en todos los poblados del país, estableciendo el concepto de accesibilidad universal en espacios públicos en un plazo no superior a los 10 años.

719. Para hacer efectiva la accesibilidad universal en el transporte público, se creará un fondo especial del Ministerio de Transporte para financiar modificaciones como rampas y accesorios.

720. Asimismo, se crearán nuevas licitaciones e incentivos para que empresarios del transporte renueven sus máquinas.

721. Sobre el transporte particular, las personas en situación de discapacidad tienen la posibilidad de comprar un vehículo usado en zona franca o importar uno directamente desde el extranjero. El beneficio contempla el pago del 3%, en vez del 6% tradicional del valor del vehículo. Mas, no se informa que a ello se debe agregar el 19% de IVA, además del costo de flete y el uso del puerto, el que es cobrado por kilos. En estricto rigor, el beneficio está hecho de tal manera para que no pueda ser aprovechado por quienes más lo necesitan. Es por esta razón que se debe eliminar el cobro del referido impuesto, así como costos de flete y uso de puerto.

722. Participación Política y acceso a la Justicia: Se crearán Escuelas de Liderazgo para la formación política de personas con discapacidad. Estas tendrán cursos dictados, además de miembros del partido en situación de discapacidad, por profesionales capacitados en teoría y práctica política, así como educadores diferenciales, psicopedagogos y psicólogos. En última instancia, el objetivo es capacitar a los jóvenes para ocupar cargos públicos.

723. Respecto a las fundaciones, dada su dependencia financiera de las donaciones privadas y/o fondos públicos, se deben crear mecanismos que faciliten ambos. Respecto a las donaciones privadas, la actual normativa retribuye con el 50% de los impuestos. Proponemos aumentar ese porcentaje, sumando beneficios anexos tales como el reconocimiento público. Otro cambio imprescindible es la simplificación de la legislación: en el presente, la donación de un bien mueble difiere de uno inmueble, entorpeciendo la entrega de beneficios concretos.

724. Sobre los recursos fiscales, el Estado debería contar con un fondo importante para que las distintas organizaciones de la sociedad civil postulen. Este fondo, a diferencia del actual criterio, debe financiar proyectos operacionales a largo plazo (2, 3 o 4 años), por supuesto, sujeto a fiscalización y severas sanciones para aquellos que incumplan.

725. Además de la participación política, otra esfera en que las personas en situación de discapacidad se ven en evidente desventaja es en el acceso a la justicia. Para enmendar esta grave situación, se requiere adoptar medidas concretas para establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. A modo de ejemplo, nuestro Código Civil establece el concepto de interdicción, propiciando la representación por parte de un apoderado. No es inusual que algunos familiares, abogados o psiquiatras declaren interdicto a una persona para quitarle su patrimonio.

726. Para evitar tales prácticas, se creará un sistema intermedio entre la interdicción y no interdicción. Aquello implica un sistema de apoyo en la toma de decisiones tales como la existencia permanente de traductor de lengua de señas.

727. SENADIS deberá contar con una unidad de “Defensoría de la Inclusión”, de forma de potenciar sus facultades de coordinación, protección y fiscalización.

728. Ayudas técnicas y compras públicas: El segundo gasto más importante de SENADIS, después de las remuneraciones de sus trabajadores, corresponde al financiamiento de ayudas técnicas a través de distintos programas existentes en la actualidad. Entre las personas con discapacidad, en general, existe disconformidad por las largas esperas para recibir la ayuda técnica y la oferta deficiente que no incorpora nuevas tecnologías y aparatos. Se observa una generalizada mala gestión en el proceso de compras públicas, así como licitaciones viciadas. Se debería considerar un ítem exclusivo para accesorios, pudiendo ser entregados en un tiempo más corto, haciendo innecesario el reemplazo total del equipo. A modo de ejemplo, en las sillas a motor suele fallar solo las baterías y el cargador. Con reemplazar estos bastaría, mas, el incentivo es el reemplazo de la silla en su totalidad, exigiendo nuevas postulaciones con el tiempo de espera que este requiere.

729. Maternidad o paternidad: La maternidad o paternidad por personas con ciertas discapacidades se ven actualmente cuestionadas por la sociedad y, principalmente, por el Estado, a tal punto que ha habido personas, con plenas capacidades para estos efectos, a las cuales se han visto vulnerados en sus derechos. En este punto creemos que no se debe discriminar, si no que apoyar a estos padres y madres y fortalecer sus capacidades para realizarlo de una manera lo más autónoma posible.

Fuente: https://quierosalvarchile.cl/base-programatica/


3. Yasna Provoste Campillay 

La candidata dispone de diversas medidas para personas con discapacidad en su programa de gobierno, sin embargo no establece un capítulo o título destinado a personas con discapacidad. 

Un Nuevo Chile Inclusivo

Transformar a Chile en una sociedad inclusiva requiere de cambios políticos, culturales y técnicos, porque en todos estos espacios hoy existen obstáculos que impiden la participa­ción a los diferentes grupos de la población. Construiremos políticas que permearán todos los sectores del Estado, para lograr que el acceso al bienestar y participación no dependan de nuestras diferencias como seres humanos. Así, y de manera transversal, los ejes del Programa de Gobierno abordan políticas que impactarán positivamente las trayectorias de vida de las personas que pertenecen a estos grupos que, históricamente, han sido dis­criminados y marginados.

1. Hacia un Modelo Socioambiental de Desarrollo Económico 

1.1.3 Modernización del sistema de capacitación para los trabajadores incorporando criterios inclusivos en la selección (género, discapacidad, pueblos originarios, migrantes).

Enfocaremos la capacitación en grupos prioritarios, especialmente jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad, migrantes y trabajadores con baja calificación.

Asimismo, ante el avance de la automatización y de la digitalización, crearemos programas especiales de reconversión de trabajadores centrado en los nuevos desempleados y en los que están en la informalidad laboral.

1.1.5. Trabajo digno

5. Fortaleceremos los mecanismos para proteger el derecho a la no discriminación en el empleo.

• Garantizaremos que las empresas hagan las adecuaciones y ajustes necesarios para la incorporación de personas en situación de discapacidad.

• Perfeccionaremos la ley de Inclusión Laboral, para que a través de ella se mejoren los incentivos a la incorporación a personas en situación de discapacidad.

• Avanzaremos en la protección a la vida privada, otorgando derechos para que las y los trabajadores/as puedan proteger efectivamente sus datos personales en el trabajo.

2. Protección y Oportunidades para Un Nuevo Chile

2.1 Protección Social Digna y Oportuna

7. Elevaremos la cobertura del subsidio por discapacidad mental para menores de 18 años desde el actual 20% de hogares de menores recursos al 60% de ellos, igualando la cobertura del Subsidio Familiar.

8. Incrementaremos la cobertura y facilidad de acceso a las ayudas técnicas a las personas en situación de discapacidad.

2.3.2 Educación Parvularia. Condición Necesaria para Construir un Nuevo Chile Justo

5. Mejoraremos los sistemas de identificación y atención temprana de niños/as con discapacidad o rezago del desarrollo, a través de mejoras en el programa Chile Crece Contigo que permitan entregar apoyos de manera oportuna.

2.3.3. Un pilar del Nuevo Chile será la educación escolar pública y de calidad

1. Implementaremos, como lo señalamos en el capítulo de reconstrucción, un Plan de reactivación para sanar y un giro educativo para el aprendizaje post pandemia con énfasis en el bienestar de las comunidades educativas y en la reducción de brechas; el desarrollo de habilidades socioemocionales y aprendizajes fundamentales para una educación integral. Para ello: (…)  Rediseñaremos los actuales programas de provisión de apoyos a estudiantes en situación de discapacidad, ritmos y formas de aprendizaje diferentes, diversidad sexual, pueblos originarios, migrantes o vulnerables socioeconómicamente para incrementar su capacidad de atender las necesidades educativas de la diversidad de estudiantes, de operar de manera articulada en relación a sus objetivos, coordinada en relación a sus procedimientos, e incrementando cobertura.

2.3.4. Educación Superior como Agente de Movilidad y Cohesión Social

10. Incorporaremos en el sistema de acreditación de instituciones de educación superior técnica y universitaria, criterios e indicadores relacionados con inclusión de estudiantes mujeres, pueblos originarios, migrantes, diversidad sexual, y en situación de discapacidad, y con el desarrollo de competencias necesarias para que sus egresados aporten a una sociedad inclusiva.

11. Incrementaremos la accesibilidad en la transición desde educación general a educación superior, incorporando diseño universal en el sistema de admisión.

12. Promoveremos y apoyaremos la instalación de una Unidad de Inclusión en las Instituciones de Educación Superior, como parte de la estructura de gobernanza, que trabaje transversalmente componentes relativos al acceso, trayectoria y egreso de las instituciones y acceso al mercado laboral.

2.4. Salud de Calidad al Alcance de Todas y Todos

2. Inclusión. Pondremos énfasis en el respeto a las diversidades, plurinacionalidad y convivencia intercultural, desde el nacimiento hasta la muerte, entrelazando las dis­tintas realidades socioculturales en todo el proceso salud-enfermedad y respetando la interculturalidad. Especial foco tendrá la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores en situación de vulnerabilidad, personas en situación de discapacidad, personas provenientes de pueblos indígenas, migrantes y pertenecientes a la diversidad sexual (LGBTIQ+).

3. Buen Vivir en Comunidad

3.2.1. Gestión del acceso a la Vivienda Asequible

10. Incorporaremos Principios de Diseño Urbano. Se considerará incorporar principios básicos Diseño Urbano obligatorio en los Planes Maestros de Vivienda de Acceso Público, para garantizar en el diseño estándares mínimos de inserción urbana, espacio público y equipamiento. Esto además permitirá mejorar los estándares de seguridad y accesibilidad para las personas mayores y población en situación de discapacidad.

3.9.1. Deporte como Pilar para mejorar la calidad de vida

1. Fomentaremos que el mayor número de personas, a lo largo de las distintas etapas de la vida y en los distintos territorios, practiquen actividad deportiva de forma regular.

Esto supone fortalecer los talleres deportivos sociales o desarrollar programas específicos nuevos capaces de responder a las necesidades de distintos grupos: mujeres; niños, niñas y adolescentes, personas mayores; personas en situación de discapacidad; pueblos originarios, entre otros.

4. Un Estado Sustentable y Eficaz para un Nuevo Chile

4.2.6. Gestión Estatal Diversa, Equitativa e Inclusiva

El Estado no solo debe promover políticas públicas inclusivas, sino que también debe gestionarse a sí mismo con dicha lógica. Hacerlo permitirá ofrecer oportunidades justas de manera directa, y también apoyar los cambios culturales que la inclusión requiere en toda la sociedad. Para lograrlo:

1. Incorporaremos en las metodologías de evaluación social de proyectos que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estándares mínimos de accesibilidad para la diversidad y/o mecanismos que permitan capturar los beneficios de medidas pro-inclusión.

2. Avanzaremos en una atención inclusiva a público. Las oficinas estatales de atención al público deberán contar con las condiciones que permitan que los programas que se ofrecen a través de ellas sean accesibles a toda la población. Importa, por ejemplo, que la infraestructura sea accesible, que la entrega de la información también lo sea, que el trato al usuario sea libre de discriminación, entre otros.

3. Impulsaremos un plan de formación en diversidad, equidad e inclusión a funcionarios de instituciones públicas que provean de servicios relevantes en la vida de las personas (por ejemplo, servicios de salud, policías, Gendarmería).

4. Desarrollaremos un programa de gestión de personas en el Estado inclusivo, de modo que la dotación de funcionarios públicos, incluyendo los cargos de liderazgo, sean reflejo de la diversidad de personas que integramos la sociedad y, por lo tanto, sean ejercidos, también, por personas en situación de discapacidad, por quienes integran la diversidad sexual o pueblos originarios. La medida incluye nombramientos en cargos de confianza.

5. Incorporaremos en el sistema de Programas de Mejoramiento a la Gestión (PMG) conceptos de diversidad, equidad e inclusión que lleguen, paulatinamente, a todos los servicios públicos hacia una gestión inclusiva.

6. Crearemos un Observatorio de la Diversidad, Equidad e Inclusión, a cargo del levantamiento de información para la toma de decisiones en política pública de diversidad, equidad e inclusión y el monitoreo del cumplimiento de compromisos internacionales y normativa nacional en la materia.

4.4 Un Nuevo Ciclo de la Política Exterior y los Desafíos de la Migración en un Mundo Interconectado

6. Un nuevo trato a las personas.

c) Recursos humanos. A fin de que la diversidad del país se refleje en el servicio exterior, y en consonancia con nuestro eje de Derechos Humanos, corregiremos la subrepresentación de mujeres, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad y población LGTBIQ+ en el ingreso de profesionales y funcionarios por todas las vías, incluyendo cargos de exclusiva confianza. Además, como parte del fortalecimiento de la función pública, apoyaremos la carrera funcionaria en Cancillería. Entre otras medidas, corregiremos anomalías para hacer posible el retiro y promover la movilidad ascendente en el servicio exterior asociada a desempeño y formación continua; y alentaremos mediante acuerdos el perfeccionamiento en Chile y el extranjero.

5. Construyendo un Nuevo Chile Verdaderamente Inclusivo

5.1.3. Un Nuevo Chile que cuida y garantiza el derecho de los NNA a vivir en familia

2. Impulsaremos una campaña para incentivar la adopción de niños y niñas mayores de 3 años, en situación de discapacidad, con enfermedades u otras condiciones especiales, para hacer efectivo su derecho a una familia que les permita crecer en amor y cuidado.

5.4.4. Otras medidas en post de la igualdad sustantiva de género y reconocimiento de las diversidades sexuales

1. Estrategia para la conciliación la vida laboral y familiar y la redistribución de las responsabilidades del cuidado de manera más equitativa

El rol de cuidador recae de manera desigual en la población, y la mayoría son mujeres. Solo como ejemplo, cifras del Hospital Digital del Ministerio de Salud, dan cuenta que más de un 85% de las personas cuidadoras de adultos mayores son mujeres. Durante el 2020, la valorización del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, alcanzó el 26% del PIB según cifras del Banco Central. Las exigencias del cuidado a menudo significan que las cuidadoras tienen menos oportunidades de participar en la educación, el trabajo remunerado y las actividades sociales y comunitarias. Por ello es urgente reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Para abordar esta temática constituiremos una mesa de trabajo intersectorial que for­mule una Estrategia Nacional de Cuidados que incluirá una serie de acciones que se llevarán a cabo de manera coordinada durante nuestro mandato de Gobierno. La es­trategia deberá formular propuestas destinadas no solo atender las necesidades de las personas que requieren cuidados (personas mayores en situación de dependencia, ni­ñas, niños y adolescentes, menores de 14 años, personas en situación de discapacidad severa) sino que especialmente a las personas que se desempeñan como cuidadoras. Para ello: 

• Fomentaremos la corresponsabilidad de las labores de cuidado al interior de la familia, la pareja, la comunidad y con el Estado. En la práctica, esto permitirá fomentar la par­ticipación laboral femenina, mejorando su autonomía económica y financiera, al retirar de sus hombros una labor que mayoritariamente las mujeres desarrollan en solitario. 

• Mejoraremos regulación, coordinación y oferta de los servicios existentes para brin­dar apoyo a las personas sujetas a cuidado y las cuidadoras, mejorando la calidad, accesibilidad y equidad de estos. 

• Promoveremos la salud y bienestar general de las personas que ejercen labores de cuidado, incluyendo apoyo para periodos de descanso, fomentando su participación de las redes sociales y comunitarias, que le permitan disfrutar de intereses fuera de su función de cuidado. 

• Estableceremos una compensación previsional que reconozca la contribución no remunerada que realizan quienes ejercen las labores de cuidado.

• Desarrollaremos la investigación de las necesidades de las personas cuidadoras que sirva de base para la formulación de políticas públicas respectivas, incluyendo las barreras para el trabajo remunerado y la incidencia y el impacto de la violencia familiar en personas cuidadoras.

• Participaremos de modo incidente de organizaciones de mujeres en la formulación de políticas sobre el cuidado no remunerado.

Fuente: https://yasnapresidenta.cl/#programa


4. Sebastián Sichel Ramírez

El candidato cuanta con un apartado sobre personas con discapacidad, bajo el lema “más equidad, beneficencia”, donde concentra la mayoría de sus propuestas. Además, tiene una adicional en relación a salud mental. 

Integración y Protección Social

2.3 Salud y Vida Sana con las Personas al Centro

2.3.7 Salud Mental como prioridad del Estado

a) Subsidio de Discapacidad Mental: Se subirá de tramo desde el 20% más vulnerable al 40%.

2.5 Personas con Discapacidad: Más Equidad, Menos Beneficencia

Objetivo general

Los planes, acciones, programas y políticas públicas deben abordar la discapacidad como una variable activa que aporta fortalezas a la sociedad.

Tenemos que reconocer el aporte que día a día entregan las personas con discapacidad a nuestra sociedad, tales como la resiliencia, la capacidad de reinventarse, la perseverancia, la visión optimista y el sentido de reconstrucción de vida, tan importantes en estos días.

El objetivo de las propuestas es avanzar para que la discapacidad deje de ser un tema de inclusión y pase a ser un aporte a la construcción de un Chile con equidad y respeto por la diversidad humana, promoviendo así la equiparación de oportunidades para este grupo humano.

Propuestas

2.5.1 Equidad en toda la intervención del Estado. En todos los ministerios se incorporarán especialistas y/o se utilizarán herramientas de gestión para incluir variables de inclusión en el diseño de los distintos programas que impacten a las personas con discapacidad. Para esto se revisarán los criterios de aprobación presupuestaria, para crear o aumentar la relevancia de las variables que consideran inclusión de personas con discapacidad.

2.5.2 No existe inclusión sin comunicación. Las personas sordas deben tener garantizado su derecho humano a la comunicación en igualdad de condiciones. Para ello, proponemos que se reconozca la Lengua de Señas Chilena como una lengua oficial del Estado.

2.5.3 Un Servicio Nacional de la Discapacidad para los tiempos de hoy.  Entregaremos mayores competencias para la fiscalización de las medidas de inclusión para las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas, y mejores herramientas de promoción para el público general.

2.5.4 Inclusión para el trabajo, también en lo público. Realizaremos los ajustes legales para exigir al mundo público los mismos estándares de empleabilidad que exigimos a las empresas. Facilitaremos la inclusión de personas con discapacidad que egresen de modalidades especiales de educación al mundo público, pese a no contar con licencia de educación media tradicional.

2.5.5 Inclusión en la educación. Impulsaremos medidas que cautelen el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles y modalidades para resguardar el desarrollo integral de las y los estudiantes con discapacidad en el sistema de educación. Además, se implementarán acciones afirmativas que apoyen el desarrollo académico de las y los estudiantes con discapacidad.

2.5.6 Crear e implementar un Plan Nacional de mejoras educativas para personas con discapacidad. El Ministerio de Educación impulsará un plan de mejoras educativas desde el nacimiento hasta la adultez, partiendo por la atención temprana.

2.5.7 No más preexistencias por discapacidad. Se eliminarán las preexistencias asociadas a discapacidad en los planes de salud. Esta medida tiene por objetivo eliminar la brecha en las prestaciones de seguridad social para las personas con discapacidad.

2.5.8 Un AUGE que considere las enfermedades que ocasionan discapacidad. Actualizaremos el listado de enfermedades y prestaciones AUGE para incorporar nuevas enfermedades poco frecuentes y accidentes que generen discapacidad.

2.5.9 Mayor apoyo a los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Los cuidadores de hijos menores con discapacidad deben estar incluidos en la red nacional de cuidado, de forma que se reconozca como una labor de corresponsabilidad conjunta entre el Estado y la sociedad y como un pilar vital para el crecimiento inclusivo del país.

2.5.10 No más esperas eternas para evaluaciones y necesidades de personas con discapacidad. Facilitaremos que las evaluaciones de discapacidad se puedan realizar por otros actores y disminuiremos los trámites excesivos, de modo de certificar y calificar de forma expedita la situación de las personas, para su posterior envío a COMPIN e inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad del Registro Civil.

2.5.11 Acceso a la cultura. Se entregará acceso preferente a personas con discapacidad a cualquier actividad cultural o espacio que reciba financiamiento estatal. Además, se promoverán medidas de accesibilidad y diseño universal en museos, parques, instalaciones artísticas y patrimonio cultural en general. También se promoverá la participación de artistas con discapacidad dentro de los proyectos culturales financiados por el Estado.

2.5.12 Acceso al transporte. Subsidio al transporte público: avanzaremos hacia un beneficio de subsidio al transporte público para las personas con discapacidad que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y en el Registro Social de Hogares.

2.5.13. Atención temprana para prevenir rezagos. Se potenciarán las unidades de atención tempranas para que los sistemas de salud, educacional y social actúen en forma coordinada, desarrollando acciones que impliquen dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con discapacidad para, así, disminuir el riesgo de padecer trastornos en su desarrollo.

2.5.14. Acompañamiento para la transición a la vida adulta. El Ministerio de Desarrollo Social impulsará programas, planes y proyectos de acompañamiento familiar para la Transición a la Vida Adulta (después de los 26 años), que promuevan bienestar y calidad de vida a los estudiantes con discapacidad egresados de la modalidad Educación Especial.

2.5.15 Deporte inclusivo. El Ministerio del Deporte promoverá la participación de Personas con Discapacidad como beneficiarios de los programas contemplados en la Política Nacional de Actividad Física y Deporte y a cualquier proyecto que solicite financiamiento y considere a las personas con discapacidad. Asimismo, fomentaremos el deporte de ocio o esparcimiento.

2.5.16 Apoyo psicológico y socioemocional. La salud mental es un tema relevante y necesario tanto para las personas con discapacidad como para sus familias, por lo que se buscará promover, a través de programas de salud mental y con énfasis en las redes psicológicas del Estado, el apoyo que sea necesario para la educación y terapia psicológica socioemocional.

2.5.17 Se implementará una red nacional de Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) que permitan la prevención y abordaje oportuno de las secuelas de personas con discapacidad en todo el ciclo vital, con énfasis en la primera infancia y adultos mayores.

2.5.18 Se impulsará un Fondo o Banco Especial para la adquisición centralizada de Ayudas Técnicas (GES y no GES) que permita el acceso oportuno y sin discriminación a una amplia oferta que incluya desde catres clínicos, sillas de ruedas, dispositivos y adaptaciones del hogar.

2.5.19 Fomentaremos el acceso a jubilación anticipada mediante la activación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) para padres y madres con hijos menores de edad que vivan en situación de discapacidad, a través de la modificación al Decreto Ley N°3.500 que establece un nuevo Sistema de Pensiones.

Fuente: https://sichelpresidente.cl


5. Eduardo Artes Brichetti 

Es el candidato que menos propuestas para personas con discapacidad tiene en su programa y está vinculada al cuidado de niños y niñas con discapacidad. 

Emancipación de la mujer popular

El principio que persigue este programa, es acercar a la mujer a las funciones históricamente asumidos por hombres y al hombre a aquellas asignadas históricamente a la mujer, especialmente a la crianza y a las responsabilidades del hogar:

12. El Estado deberá garantizar un apoyo económico y de asistencia, cuando el niño o la niña hayan nacido o desarrollado discapacidades físicas o mentales.

Fuente: http://unionpatriotica.cl


6. Marco Enríquez-Ominami Gumucio 

Sus propuestas están reunidas en el punto 4 sobre garantizar derechos, salud y educación con enfoque de derechos a las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia, además de incorporar temas de derechos sexuales y reproductivos y cuidado. 

III. Proposiciones Progresistas para el Bienestar Social de Todas las Chilenas y Chilenos en Pandemia

2. Protección social para las mujeres, igualdad de género y reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados

b) Derechos sexuales y salud reproductiva:

Considerando que se debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos del conjunto de las mujeres, en aquellas con discapacidad se debe garantizar la existencia de espacios de educación sexual integral, cognitivamente accesibles y terminar con actos de violencia de Estado y obstétrica que hoy tienen como única opción la esterilización de las mujeres con discapacidad intelectual.

e) Reconocimiento al trabajo doméstico y a las labores de cuidados de personas:

Si bien la iniciativa proponía una reforma constitucional, cuyo contenido aspiramos que sea recogido en el proceso constituyente, pensamos que el futuro Gobierno Progresista debe promover un proyecto de ley para garantizar un ingreso permanente para las mujeres que dedican su tiempo al trabajo del hogar, madres cuidadoras con niños/as o familias en condiciones de vulnerabilidad o discapacidad, que ampare todas las edades en que se vive la condición especial. Chile enfrenta con urgencia el desafío de desarrollar políticas públicas que permitan la valorización del trabajo doméstico, así como su reconocimiento social.

4. Garantizar derechos, salud y educación con enfoque de derechos a las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia

Las personas con discapacidad son el colectivo minoritario más grande del país. Constituyen el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad en Chile país y en el mundo, de acuerdo al Informe Mundial de Salud de la OMS (2011). De acuerdo a las cifras del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, efectuado el año 2015, el 20% de la población adulta tiene una discapacidad y el 49,9 por ciento de las personas con discapacidad (PcD) se concentra en quintiles I y II de ingreso autónomo per cápita del hogar, siendo, por consiguiente, los más vulnerables. El estudio muestra, además, que el 40,4% se encuentra en una situación de dependencia; el 41,2% cuenta con la asistencia de otras personas para la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; sólo el 42,8% participa (buscando empleo o trabajando) actualmente en el mercado laboral y el 57,2% está inactivo.

En Chile, más de 3 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, de las cuales más de un millón tienen discapacidad física. En uno de cada tres hogares chilenos vive una persona con discapacidad. Sólo la mitad de las personas con discapacidad ha completado la educación básica y el 71% de las personas con discapacidad no realiza ningún tipo de trabajo remunerado. Por otra parte, en los últimos años ha existido una gran brecha de acceso a los servicios de rehabilitación por parte de las personas con discapacidad.

Frente al impacto que ha producido la pandemia en las personas con discapacidad, así como en las personas con enfermedades poco frecuentes (Epof), en sus cuidadores y familias, el Progresismo asume en su totalidad las proposiciones formuladas el 2020 por organizaciones ciudadanas vinculadas la problemática, en conjunto con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, para que se generen estrategias desde el poder público frente a la crisis que “que aseguren el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, consagrados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”.

Para avanzar, en verdad, en la inclusión, debemos asumirla como una tarea colectiva y llevarla adelante desde una mirada integral. Es por ello que, basados en la Convención Internacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en vigor desde 2008, y en concordancia de carácter vinculante a la Ley N° 20.422 que estableció Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, delineamos las siguientes propuestas para dar inicio a un Plan Nacional de Plena Integración Social de Todas las Personas con Discapacidad.

a) En el ámbito de Salud, se tiene que garantizar el acceso a rehabilitación para todas y todos los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, para lo cual un elemento importante es incrementar el número de becas en los programas de formación de especialistas para Medicina Física y Rehabilitación y para Técnicos Ortoprotesistas. Además, se debe potenciar una Red de Salud Mental Comunitaria, basada en una red de dispositivos territoriales como parte de la red de salud general a partir de los Centros de Salud Mental Comunitarios.

b) Establecimiento de Tarjeta Accesible que garantice transporte gratuito para todas las personas con discapacidad, para uso de buses urbanos, interurbanos de norte a sur del país, más el Metro de Santiago. Incluirá 50 por ciento de rebaja en pasajes aéreos en vuelos nacionales.

c) En el ámbito laboral, proponemos aumentar del 1 al 4% la cuota de Ley de Inclusión Laboral en empresas privadas y del 1% al 2 por ciento en los organismos públicos. Además, se incorporarán programas regulares de SENCE, FOSIS, SERCOTEC y otros, con un enfoque de inclusión para respaldar el proceso de inserción laboral. Fortaleceremos el trabajo del sistema de Intermediación Laboral asignando los recursos necesarios que permitan abordar de manera pertinente los procesos de intermediación laboral para personas en situación de discapacidad y los programas municipales de fomento productivo, considerando que el 90% de las personas en edad de trabajar está cesante.

Sobre las circunstancias específicas de la pandemia, proponemos las siguientes medidas:

a) Realización de un catastro georeferencial de personas en situación de discapacidad, considerando la prioridad de atención para las personas que encontraran contagiadas.

b) Se implementen medidas paliativas para compensar las personas con discapacidad, sus cuidadores y familias, mientras dure el estado de catástrofe, por la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran. Específicamente, se debe considerar una subvención completa a cuidadores con familiares en situación de discapacidad; apoyo para el confinamiento domiciliario seguro y adecuado a personas sin contagio; y habilitación de centros asistenciales preventivos o residencias sanitarias para personas con discapacidad que no tengan dónde realizar sus cuarentenas.

c) Se elaboren y difundan protocolos oficiales de atención a PcD y a las diagnosticadas con alguna de las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes, con apego a los derechos de las PcD, respetando sus particularidades etarias.

d) Se resguarde el acceso efectivo a la información para PcD, particularmente por vía contactos telefónicos o web, simplificando y haciendo accesible el proceso.

e) Se resguarde el acceso preferencial en los centros de salud, evitando las largas permanencias en filas o aglomeraciones de personas.

f) Se garantice el acceso efectivo y eficiente a los tratamientos necesarios, reforzando y fortaleciendo no solamente los dispositivos de salud, sino también los de rehabilitación y tratamientos específicos de las PcD.

g) Se permita a las personas con discapacidad acceder y permanecer en centros de atención de salud y residencias sanitarias acompañadas de cuidadores o familiares. Esto debe garantizarse para todas las personas con dependencia, especialmente para los niños, niñas o adolescentes que requieren de cuidador o cuidadora. De no ser posible, deben crearse los mecanismos para suplir el acompañamiento de sus cuidadores.

h) Se mantengan y creen nuevos planes de estudio a distancia para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales con difusión en TV Educa. Es indispensable que se habiliten recintos como escuelas hospitalarias o residencias sanitarias con foco en la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad (de 0 a 26 años), los que deben asegurar atención oportuna y cuidados en salud, alimentación, comodidad y abrigo mientras sea necesario.

i) Se procure atención aceptable, oportuna y humanizada para las PcD, considerando un trato digno, respetuoso y preferencial, lo que permitirá disminuir la ansiedad de las personas y sus familias.

Coincidimos, asimismo, con el planteamiento de fondo: “Exigimos que se tomen todas las medidas necesarias para resguardar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Ley 20.422 (Chile, 2010) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por el Estado de Chile en 2008”. En la situación de pandemia se debe considerar especialmente el Artículo 11 de la Convención, el cual señala que los Estados parte deben adoptar “todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”. La pandemia, por cierto, es una situación de riesgo y de urgencia humanitaria.

Por otro lado, nos parecen pertinentes los planteamientos formulados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), respecto de la educación inclusiva en la emergencia para estudiantes con discapacidad:

a) Desarrollar directrices y protocolos específicos para la educación a distancia de emergencia, que considere a los estudiantes con discapacidad. Las directrices deben incluir recursos para la capacitación de docentes y de asistentes pedagógicos, indicaciones para los padres o asistentes personales y recursos tecnológicos accesibles adaptados a las necesidades.

b) Adecuar contenidos digitalizados para estudiantes con discapacidad a formatos accesibles implicados, lo que implica realizar ajustes a los aprendizajes a distancia o en línea para dar una respuesta pertinente a las necesidades propias de cada discapacidad con las particularidades de cada estudiante (especialmente para aquellos con discapacidad visual, auditiva e intelectual).

c) Considerar un modelo de subsidios de asistencia a la educación por discapacidad para apoyar a las familias con estudiantes para adquirir los recursos o adecuar los espacios para mejorar el acceso a la educación durante la emergencia.

d) Proporcionar apoyo socioemocional a los estudiantes y a sus familias. Establecer medidas para afrontar los efectos en salud mental, especialmente para los estudiantes con discapacidad psicosocial o intelectual.

e) En los planes de retorno educativo, hacer una consideración especial para los estudiantes con discapacidad, con mecanismos para el fortalecimiento de cualquier brecha de aprendizaje adicional, y asegurando que la infraestructura digital y física de las entidades públicas de educación estén adecuada a sus necesidades. Es clave brindar oportunidades de estudiar a distancia, incluso durante la reapertura de escuelas, para niños de alto riesgo a morbosidad y mortalidad a raíz de sus condiciones específicas.

Fuente: https://presidentemarco.cl/programa/


7. Franco Parisi Fernández 

Finalmente, el último candidato tiene 204 propuestas en su programa de gobierno, de las cuales tres abordan temas para las personas con discapacidad.

Modificación a los Sistemas de Subsidios

79. Subsidio de habilitación de vivienda para personas con discapacidad

Aumento de subsidios destinado a personas de escasos recursos que necesiten hacer modificaciones en sus viviendas para poder acondicionarlas a sus diversas necesidades. Pese a que en la actualidad existen subsidios destinados a este fin, existe mucho desconocimiento, para ello será necesario mejorar los canales de comunicación y gestión desde los CESFAM, para que de este modo pueda llegar a quienes realmente lo necesitan.

Educación

94. Educación en casa para niños con enfermedades invalidantes.

Aquellas familias que tengan estudiantes con casos de enfermedades invalidantes, sin hospitalización y con capacidades cognitivas adecuadas, como oxígenos dependientes, cardíacos, cáncer, entre otras y, aquellas que vivan en lugares apartados sin acceso a escuelas, puedan optar a una educación en casa, ya que, estas condiciones hacen difícil la movilización a un establecimiento, pero están las capacidades para vivir el proceso de enseñanza aprendizaje.

Deporte

108. Creación de la Subsecretaria Deportiva Paraolímpica

Es necesario la creación de esta secretaria, con el objetivo de generar un espacio a las personas con capacidades diferentes que son deportistas e integrar aquellos que no son deportistas a modo terapia.

Para esto debe fortalecer la institucionalidad deportiva Paraolímpica a nivel nacional, teniendo las siguientes directrices:

• Promover y ampliar la participación de la población con capacidades diferentes en la práctica de la actividad física y el deporte.

• Diseñar y realizar estrategias para promocionar oportunidades y beneficios de la actividad física y el deporte, para personas con capacidades diferentes.

• Posicionar a Chile en la alta competencia internacional Paraolímpicos.

• Diseño, inversión, construcción, mantención y articulación del uso de la infraestructura deportiva para el deporte Paraolímpica formativo, competitivo y alto rendimiento.

Fuente: https://pdgchile.cl


Nota de Edición: Este artículo cuenta con conceptos errados sobre discapacidad, como personas con capacidades diferentes, porque los textos fueron copiados íntegramente de los programas de gobierno de la candidata y los candidatos.

Recomendado para ti

Basado en tus me gusta

      No has marcado favoritos
Banner

Explora más