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La Sala del Senado despachó en forma unánime el informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias surgidas en torno al proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
Esta modificación a la Ley de Inclusión Laboral tiene como objetivo promover efectivamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez., su permanencia en el empleo y acceso a puestos de trabajo acordes a su formación y calificaciones.
El senador Luciano Cruz Coke, presidente de la Comisión Mixta, recalcó que el texto legal pone énfasis en el cumplimiento de la obligación de contratación y de las leyes laborales, tanto en el sector público como en el privado.
Las principales diferencias resueltas por la Comisión Mixta tuvieron relación con la disposición que exige a las instituciones públicas y privadas el cumplimiento de la cuota (2%) de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.
Así como la norma que exige a las empresas un protocolo de ambientes laborales y la exigencia de no destinar más del 50% de la donación de recursos a una única organización, entre otros aspectos.
Las senadoras y senadores coincidieron en la necesidad de perfeccionar la legislación que data del año 2018, de modo de suplir una serie de falencias que están dificultando su plena aplicación. Asimismo, precisaron que partiendo por el propio Senado “se debe dar el ejemplo, integrando al mundo laboral a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez”, a través de un comunicado publicado en su sitio web.
Por otro lado, destacaron que el proyecto apunta a una fiscalización más efectiva en instituciones públicas y privadas, entregando funciones a la Contraloría y especificando las obligaciones de las jefaturas del sector público, así como crear la figura de gestor de inclusión, la cual ya existe en el sector privado.
Una vez conocida esta noticia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, aseguró que «de esta manera, no sólo se fortalece la obligación de incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, sino que también se fortalecen los mecanismos de fiscalización».
El proyecto de modificación a la Ley de Inclusión Laboral ahora debe regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados, para su discusión en sala.
Crédito de imagen: Senado.
