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Un grupo de personas con discapacidad organizadas en el Movimiento por la Autonomía de las Personas con Discapacidad, denominado Autonomía Ya, hizo entrega de una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric, expresando su “profunda preocupación y rechazo frente a la eliminación de la modalidad individual del Programa Tránsito a la Vida Independiente (TVI) del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis)”.
De acuerdo a los firmantes, esta medida “ha dejado a numerosas personas con discapacidad y dependencia sin acceso a los apoyos necesarios para ejercer su derecho a vivir de manera autónoma e independiente”.
La entrega de esta carta fue realizada el viernes 28 de noviembre de 2025, en la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda, tras una manifestación bajo la consigna “No es gasto ni caridad, es justicia y dignidad” y con personas con discapacidad y personas aliadas caracterizadas como animales, a modo de simbolizar “la deshumanización y de la incompetencia de las instituciones vinculadas a la discapacidad”.
La carta cuenta con 10 demandas explícitas ante el cierre del Presupuesto 2026, las cuales son:
- El cumplimiento efectivo, inmediato y vinculante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en lo referente al derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad.
- El reconocimiento de la asistencia personal como un derecho universal garantizado por el Estado, y no como un beneficio condicionado, focalizado y sujeto a competencia entre personas con discapacidad.
- La restitución inmediata de la modalidad individual del Programa TVI, ampliando su cobertura, continuidad y alcance territorial, mientras se avanza hacia un sistema nacional de asistencia personal garantizado por ley.
- La asignación de un aumento sustantivo, estable y progresivo de recursos en la Ley de Presupuestos 2026 para programas de vida independiente, asistencia personal y apoyos para personas con discapacidad, entendiendo estos recursos como una inversión en justicia social, redistribución de los cuidados y profundización democrática.
- La incorporación explícita de estas demandas en el articulado del Presupuesto 2026, con metas, plazos, mecanismos de seguimiento y evaluación independiente, así como consecuencias institucionales frente a su incumplimiento.
- La garantía de una participación vinculante de las personas con discapacidad en las decisiones de política pública en materia de apoyos y cuidados, con presencia efectiva y no simbólica en las instancias de diseño, ejecución y evaluación.
- El cumplimiento real y participativo de la Ley 20.422 y de la Política Nacional de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, asegurando que las propias comunidades de personas con discapacidad sean protagonistas de estos procesos.
- El diseño de un plan nacional de desinstitucionalización, con plazos claros, financiamiento suficiente y supervisión de organismos de derechos humanos.
- La creación de un mecanismo permanente de monitoreo ciudadano con participación activa de personas con discapacidad y organizaciones sociales, que fiscalice el cumplimiento de estos compromisos.
- La creación de una mesa de trabajo por la asistencia personal convocada por el Ministerio de Desarrollo Social.
La carta finaliza esperando que “el gobierno tenga la voluntad política de corregir este grave retroceso y avanzar hacia un sistema de apoyos y cuidados basado en derechos humanos, justicia social y participación efectiva”.
“Las personas con discapacidad no podemos seguir pagando con nuestra autonomía, nuestra salud, nuestra vida comunitaria y nuestra dignidad el costo de decisiones administrativas y recortes presupuestarios”, sentencian.
Crédito de la imágenes: Disversa.
