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El organismo valora los avances legislativos del país desde 2016, pero exige derogar la interdicción civil, prohibir la internación psiquiátrica involuntaria y revertir los recortes presupuestarios. Además, fija un plazo de acción urgente hasta 2038 para adaptar sus leyes sobre discapacidad.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas aprobó sus observaciones finales tras examinar el informe periódico de Chile en Ginebra. El organismo internacional reconoció progresos legales clave aprobados desde 2016, al tiempo que notificó al Estado chileno sobre cuatro materias de urgencia inmediata que deberán ser subsanadas de cara a su próximo informe fijado para el 29 de agosto de 2038.
Durante las sesiones celebradas en agosto de 2026, la delegación chilena, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a representantes de los tres poderes del Estado, sostuvo un diálogo constructivo con los expertos internacionales. En el examen también participaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El documento final resalta la aprobación de ocho leyes relevantes dictadas en la última década. Entre ellas destacan la Ley N.º 21.675 sobre violencia de género, la Ley N.º 21.430 de protección a la niñez, la Ley N.º 21.303 que reconoce la Lengua de Señas Chilena y la Ley N.º 21.275 que crea la figura de gestor de inclusión laboral.
Asimismo, el Comité valoró la eliminación de las restricciones que impedían a las personas con discapacidad ejercer cargos de jueces o notarios mediante la Ley N.º 20.957, así como la incorporación de la discapacidad como circunstancia agravante en los casos de feminicidio a través de la Ley N.º 21.212.
Avisos de urgencia y retrocesos presupuestarios
A pesar de los avances normativos, el Comité identificó la persistencia de enfoques médicos y términos estigmatizantes en el ordenamiento jurídico. Entre ellos, citó expresiones presentes en el Código Civil y la Ley Nº18.600 como “dementes”, “deficientes mentales” o “personas absolutamente incapaces”.
Frente a esto, el Comité priorizó cuatro áreas de acción inmediata. La primera exige derogar la interdicción por demencia y reformar el Código Civil para sustituir el modelo de incapacidad legal por un sistema de toma de decisiones con apoyos, punto que el Comité reitera, tal como lo planteó en las observaciones realizadas a Chile en 2020.
En materia de libertad y seguridad, en el documento se solicitó prohibir la hospitalización psiquiátrica involuntaria fundada en la discapacidad o criterios de riesgo. En paralelo, pidió derogar la Norma Técnica N.º 248 de 2025 para prohibir la terapia electroconvulsiva sin consentimiento previo y libre de la persona.
En el ámbito económico, el Comité urgió a revertir los recortes de 3% aplicados al gasto social en discapacidad. El organismo solicitó priorizar el financiamiento de programas de vida independiente en la comunidad sobre la inversión en residencias colectivas e instituciones.
Empleo, Teletón y el horizonte hacia 2038
Respecto al trabajo, se recomendó aumentar las cuotas de empleo del sector público y privado. Adicionalmente, solicitó restringir el uso de donaciones como medida alternativa para obligar a las empresas a realizar contrataciones directas de personas con discapacidad.
Sobre la toma de conciencia, el Comité recomendó adoptar medidas para eliminar las representaciones caritativas en medios de comunicación y campañas de recaudación de fondos, incluida la Teletón. Además, instó a fortalecer la rehabilitación pública para que la beneficencia privada no reemplace las obligaciones del Estado.
Finalmente, el Comité sobre la CDPD solicitó al Estado chileno difundir ampliamente estas observaciones finales en formatos accesibles, como en lectura fácil y lengua de señas chilena.
El Estado de Chile deberá presentar sus informes periódicos combinados quinto a octavo a más tardar el 29 de agosto de 2038, periodo en el que se evaluará el cumplimiento efectivo de estas recomendaciones internacionales.
Sobre el Comité
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa el cumplimiento por parte de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo el Estado de Chile uno de ellos. El Comité está compuesto por 18 miembros y actualmente está presidido por Miyeon Kim, experta en derecho internacional y destacada defensora de los derechos de las personas con discapacidad.
Todas las personas miembro del Comité son expertas independientes en derechos humanos de diferentes países del mundo, que sirven a título personal y no como representantes de Estados Parte.
Las recomendaciones del Comité al Estado de Chile están disponible en la página web dispuesta sobre el examen de Chile.
Crédito de la imagen: Ilustración generada con Canva.
