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En el examen ante el Comité internacional, el Estado detalló avances como la «Ley Chile Cuida», mientras el INDH y la sociedad civil alertaron sobre la inactividad laboral y trabas legislativas históricas.
Durante las sesiones del 18 y 19 de agosto de 2026 en Ginebra, Suiza, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) examinó el cumplimiento de la Convención por parte del Estado de Chile. La evaluación expuso avances legislativos recientes, pero también deudas persistentes en inclusión socioeconómica.
En particular, el Estado de Chile da respuesta a las observaciones formuladas por el Comité en el año 2020 y actualiza los avanzas alcanzados desde 2022, de ahí que se mencionen acciones desarrolladas hasta el presente año.
La delegación oficial que representó a Chile estuvo integrada por representantes de los tres poderes del Estado, liderados por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf Le May. La comitiva incluyó al embajador Luis Plaza Gentina, la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, los ministros de Justicia y del Trabajo, Fernando Rabat Celis y Tomás Rau Binder respectivamente, los senadores Sebastián Keitel Bianchi y Ximena Órdenes Neira, el ministro de la Corte Suprema, Gonzalo Enrique Ruz Lártiga, la subsecretaria de Salud Pública Alejandra Pizarro Ibáñez y la subdirectora de la Fiscalía Nacional, Francisca Figueroa San Martín.
Al finalizar el proceso, la ministra María Jesús Wulf Le May remarcó la postura gubernamental ante el Comité internacional: “avanzar en inclusión y discapacidad no es una concesión, sino el cumplimiento de una obligación de derechos humanos”.
“Chile cierra este proceso con la certeza de que existen avances concretos y sustantivos en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, pero también con el reconocimiento de que persisten brechas y desafíos que debemos abordar con mayor profundidad y decisión como país”, comentó la ministra Wulf.
Nuevas leyes y el derecho al cuidado
Entre las reformas destacadas por el Estado entre 2016 y 2026 se encuentra la Ley N°21.805, que en febrero de 2026 creó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, consagrando el derecho al cuidado como un derecho social. A esta se sumaron la Ley N°21.545 sobre autismo y la Ley N°21.331 de salud mental, que prohíbe la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes.
También se relevaron la oficialización de la lengua de señas chilena mediante la Ley N°21.303 y el reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad única en la Ley N°21.403. Respecto al cambio legal, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó ante el Comité: “en materia de capacidad jurídica, estamos ante un cambio de paradigma que nos exige avanzar hacia un sistema que respete la autonomía y voluntad de las personas, garantizando los apoyos necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos”.
Brechas de pobreza e inactividad laboral
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2024 evidenció que la pobreza multidimensional afecta al 27,4% de las personas con discapacidad en Chile, en comparación con 17,2% registrado en la población general. Esta disparidad de diez puntos revela que el entorno actual sigue limitando el acceso a oportunidades básicas.
En el plano laboral, datos del Ministerio de Desarrollo Social indican que 59,1% de las personas con discapacidad está inactiva económicamente, frente a 29,3% de la población sin discapacidad. Sólo 36,5% de este colectivo logra participar activamente en el mercado laboral del país.
El cumplimiento de la cuota legal de 1% fijada por la Ley N°21.015 también enfrenta nudos críticos. En 2025, sólo 44,4% de las empresas privadas obligadas y el 44,7% de las instituciones del sector público cumplieron con esta obligación, lo que impidió activar el incremento gradual al 2% contemplado en la Ley N°21.690.
Trabas en acreditación y Código Civil
A abril de 2026, el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) sumaba 672.981 personas inscritas, lo que equivale únicamente al 20,45% de la población estimada con discapacidad en Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió que las barreras burocráticas provocan que los trámites de certificación tarden hasta 12 meses en regiones como la Metropolitana y Los Lagos.
A su vez, el INDH apuntó que el Código Civil chileno -del año 1857- conserva disposiciones y conceptos como “dementes” o “sordomudos que no pueden darse a entender claramente” para declarar la incapacidad absoluta de las personas con discapacidad. Los proyectos para reformar esta norma, como el Boletín N°12.441-17, carecen de urgencia legislativa y no registran avances desde el año 2021.
En el ámbito penal y judicial, la Fiscalía Nacional y el Ministerio Público presentaron en junio de 2026 una Guía Práctica de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad y Personas Mayores. Elaborado con la asistencia técnica de la ONU, este documento entrega directrices para implementar ajustes de procedimiento que resguarden la autonomía de los participantes.
Salud mental y educación inclusiva
En materia de salud, preocupa que el Decreto N° 9 del Ministerio de Salud mantenga la hospitalización psiquiátrica involuntaria bajo lógicas de presunción de riesgo. La Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales en Chile (Conaprem) y el INDH han documentado solicitudes de esterilización quirúrgica de personas adultas con discapacidad intelectual o psíquica bajo esquemas de sustitución de voluntad, lo que evidencia que aún prevalecen enfoques asistenciales en equipos médicos.
La situación educativa de la niñez también muestra contrastes significativos. Si bien el 95% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad cuenta con matrícula vigente, más de la mitad (50%) presenta una inasistencia grave o crítica en sus respectivos establecimientos educacionales.
Tras finalizar este diálogo constructivo en Ginebra, el Estado de Chile queda a la espera de las observaciones finales y recomendaciones que el Comité de la ONU publicará para guiar el diseño de futuras políticas públicas de inclusión.
Análisis desarrollado con el apoyo de Gemini Notebook.
Crédito de la imagen: Poder Judicial.
