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Programas como Ayudas Técnicas de Senadis y el Plan Nacional de Demencia figuran entre las iniciativas que el Ministerio de Hacienda propone descontinuar o reducir. Organizaciones y activistas advierten un retroceso en derechos, autonomía e inclusión.
Un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a distintas carteras encendió las alertas ante posibles ajustes presupuestarios y la descontinuación de programas que impactan directamente a comunidades en situación de vulnerabilidad, especialmente a personas con discapacidad.
En este contexto, los ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Salud serían los más afectados, particularmente en iniciativas orientadas a este grupo de la población.
Dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), organismo encargado de promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la participación y la accesibilidad. Sin embargo, la eventual reducción o eliminación de programas clave pone en duda su capacidad para cumplir este mandato.
Programas de Senadis en riesgo
El documento propone descontinuar dos programas principales de Senadis: Ayudas Técnicas y Recursos de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad en la Educación Superior. Además, contempla ajustes presupuestarios en los programas Tránsito a la Vida Independiente y Accesibilidad en Instituciones Públicas.
En particular, el Programa de Ayudas Técnicas es uno de los más demandados por personas con discapacidad. Su relevancia no es solo práctica, sino también legal: la Ley N° 20.422 establece, en su artículo 62 letra g), que Senadis debe “financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante”.
“Eliminar o desfinanciar estos programas no es solamente una decisión presupuestaria cuestionable, es una vulneración del marco normativo que protege los derechos de las personas con discapacidad y compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile”, sostiene Jimena Luna, fundadora y directora de la Fundación Vida Independiente Chile.
Por su parte, la activista y estudiante de Derecho Isidora Uribe advierte que, de concretarse esta medida, “sería un retroceso tremendo respecto de lo que significa la autonomía e independencia de las personas con discapacidad”.
“Quizás para algunas personas (las ayudas técnicas) estos pueden ser objetos, no hay un mayor análisis respecto a lo que podrían significar en el diario vivir, pero créanme que literalmente para nosotros es una extensión de nuestro cuerpo, desde nuestra propia realidad. Tenemos que entender que es parte de nuestro vivir y cómo facilita nuestra vida para poder desarrollarnos y evitar que enfrentemos aún mayores barreras y podamos así, por nosotros mismos, comenzar a vivir nuestra vida”, recalca Isidora.
Reacciones: preocupación y advertencias de vulneración de derechos
Desde el Colectivo Nacional de la Discapacidad (Conadis) expresaron “su profunda preocupación y más rotundo rechazo a los recientes anuncios de reducción presupuestaria y programática, que impactan directamente la atención y protección social, la salud mental, la provisión de ayudas técnicas y los servicios de salud para las personas con discapacidad”.
Pamela Molina, mujer sorda y presidenta de Conadis, sostiene que “es obligación del Estado a nivel constitucional, al haber firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar los derechos plenos de las personas con discapacidad”.
“La Convención dice que la accesibilidad es un pre-requisito para el ejercicio de cualquier derecho humano. Sin medidas de accesibilidad ni ajuste razonables, las personas con discapacidad no pueden ejercer ningún derecho humano (…) Estos recortes están considerando a las personas con discapacidad como menos humanas y eso es inaceptable. Si el gobierno no restaura estos programas y presupuestos, nosotros vamos a presentar una queja contra el Estado al Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.
Desde la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Senadis (Asoffon) también rechazan “cualquier intento de implementar medidas restrictivas en desmedro directo de la población con discapacidad y de los funcionarios y funcionarias de Senadis”.
“Todo lo que ha costado instalar las demandas de las personas con discapacidad hoy se ve directamente amenazado por estos anuncios que, inevitablemente, solo provocan temor, incertidumbre y desconcierto. Sin embargo, la población adulta con discapacidad asciende a 17,6% en todo el país, es decir, más de 2,7 millones de personas que diariamente enfrentan barreras de accesibilidad, comunicación y actitudinales”, agregan.
“Es iluso pensar, con todo esto, que la institucionalidad de Senadis y sus trabajadores y trabajadoras esté asegurada, pues lo que hay detrás de estos recortes presupuestarios es un desmantelamiento del Estado”, concluyen.
Salud: demencia y hospitalización domiciliaria también en riesgo
El Ministerio de Salud también vería afectados programas cuyos principales beneficiarios son personas con discapacidad. Entre ellos, el Plan Nacional de Demencia, los Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia y la Hospitalización Domiciliaria.
La Red de Unidades de Memoria manifestó su “categórico rechazo” a la propuesta. “La demencia constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia en el país. Debilitar su financiamiento no representa un ajuste técnico, sino una decisión que impacta directamente en la vida de cientos de miles de personas y sus entornos”.
En el caso de la hospitalización domiciliaria, Jimena Luna advierte que su eliminación “significa traspasar la totalidad de las labores de cuidado de personas con alta intensidad de apoyo a las familias, principalmente a las mujeres, perpetuando los cuidados no remunerados, invisibilizados y de distribución desigual”.
Recortes ya en curso en 2026
El viernes 24 de abril se publicó el decreto 331 del ministerio de Hacienda, que modifica los presupuestos vigentes y que afecta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en $32 mil millones. De ese monto, $1.135 millones corresponden a recortes en programas de Senadis: Desarrollo Inclusivo Territorial y Apoyo a Instituciones para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Desde Asoffon advierten que “el impacto de esta reducción presupuestaria es severo para Senadis”, ya que implica menos acceso a apoyos, menor participación y retrocesos en inclusión social en ámbitos como educación, empleo, vida independiente y acceso a la cultura y el deporte.
Jimena Luna añade que “considerando el bajo presupuesto que históricamente se ha destinado a materias de discapacidad en Chile, lo razonable sería esperar que no se realizaran recortes en este sector (…) actualmente existe una tremenda desinformación sobre las estrategias que fundamentan estos recortes”.
Un escenario de alerta en derechos
“No creo que hayan realmente priorizado en la agenda el tema de la discapacidad y sobre todo desde una perspectiva de derechos, en donde se considere nuestra independencia y autonomía”, afirma Isidora Uribe.
En la misma línea, Jimena Luna advierte que “nos encontramos frente a una situación de alarma”, ya que la descontinuación de estos programas podría implicar un incumplimiento de la Ley N° 20.422 y de los compromisos internacionales asumidos por Chile.
Desde Asoffon coinciden en que el escenario actual exige mantenerse en alerta: “debemos permanecer dispuestos a defender temas sensibles y de gran impacto para una de las poblaciones más excluidas, como son las personas con discapacidad”.
Pamela Molina recalca que “el gobierno no sólo está violando nuestros derechos con estos decretos y con estos recortes, sino que además está haciéndole un daño al país”. Ante esto, desde Conadis demandan “revertir los recortes presupuestarios y programáticos, garantizar financiamiento suficiente y sostenido para servicios esenciales y asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan”.
Diversas organizaciones sociales y profesionales se han sumado a estas críticas. Los programas mencionados son parte de un conjunto más amplio de iniciativas en evaluación, lo que podría traducirse en un impacto directo sobre derechos fundamentales. La alerta ya está instalada.
Crédito de la image: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia.
