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Conoce los detalles del proyecto que busca eximir de multas por no votar a personas inscritas en el RND con más del 80% de discapacidad y el debate sobre la accesibilidad electoral.
El avance de la normativa que busca modificar la Ley Electoral en Chile ha puesto sobre la mesa una demanda histórica: evitar que las personas con discapacidad y sus familias enfrenten procesos burocráticos engorrosos tras cada elección.
El Congreso discute un proyecto para eximir de multas por no votar de manera automática a personas con electrodependencia y a quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 80%, según el Registro Nacional de Discapacidad (RND).
Actualmente, frente al voto obligatorio, quienes no acuden a las urnas se exponen a multas que superan los $30.000 pesos (0,5 UTM). Si bien la ley vigente permite excusarse por «impedimento grave», esto requiere esperar una citación del Juzgado de Policía Local y presentar documentación médica, un proceso que resulta inaccesible y desgastante para muchas familias.
¿A quiénes beneficiaría la exención automática?
De aprobarse sin modificaciones, el Servicio Electoral (Servel) cruzaría datos directamente con el Registro Civil y el Ministerio de Desarrollo Social para eximir automáticamente a:
- Personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad (RND) con un 80% o más de discapacidad.
- Personas registradas como electrodependientes
- Personas que tengan la calidad de asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
El debate de fondo: Eximir no reemplaza la accesibilidad
Desde la perspectiva de derechos humanos, si bien esta medida es un alivio burocrático urgente y necesario, no resuelve el problema estructural. En Disversa enfatizamos que la exención de una multa no debe ser la respuesta estatal ante la falta de accesibilidad en los recintos de votación.
El derecho a la participación política y al sufragio es universal. Por ello, el Estado debe seguir garantizando medidas como el voto asistido, plantillas con sistema Braille, recintos con accesibilidad universal real (sin escalones o con rampas normadas) y capacitación a vocales de mesa sobre trato adecuado y ajustes razonables.
Eximir de la multa es justicia administrativa; garantizar que todas las personas puedan ejercer su voto si así lo desean, es justicia social.
