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Un análisis de los hallazgos del Comité de las Naciones Unidas expone cómo la dependencia de la beneficencia privada genera severas brechas de atención al cumplir la mayoría de edad y desigualdad territorial.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emitió sus observaciones finales tras examinar el informe periódico de Chile, siendo uno de los temas abordados la representación caritativa de las personas con discapacidad en medios de comunicación y campañas de recaudación de fondos, con mención puntual a la Teletón.
El organismo internacional articuló sus recomendaciones principalmente en torno a dos ejes de la Convención: el artículo 8, sobre toma de conciencia, y el artículo 26, referente a la habilitación y rehabilitación.
A través de sus informes sombra, diversas organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría de la Niñez presentaron un análisis crítico de derechos humanos respecto al impacto del modelo de financiamiento y la cobertura mediática de la institución privada.
Fin al modelo asistencial en los medios
En relación con el artículo 8, el Comité recomendó implementar medidas concretas para eliminar el modelo caritativo y médico en los medios de comunicación y en campañas de recaudación de fondos como la Teletón, advirtiendo que perpetúan prejuicios y menoscaban el reconocimiento de las personas como sujetas plenas de derechos.
Agrupaciones como Fundación Mawen, Corporación Opción y una coalición de organizaciones sociales señalaron que las campañas masivas de recaudación televisadas presentan a la niñez y juventud con discapacidad como objetos de compasión o caridad.
Asimismo, Corporación Opción advirtió que la alta visibilidad mediática de la Teletón desde 1978 ha generado una mayor legitimidad social hacia la discapacidad física, en desmedro de la discapacidad intelectual, cognitiva, psicosocial o sensorial.
Frente a esto, el Comité instó al Estado a involucrar activamente al sector privado y filantrópico para promover un enfoque de derechos humanos que visibilice el liderazgo y la autonomía, adoptando además una estrategia estatal integral con objetivos medibles.
Sustitución del Estado y brechas en la rehabilitación pública
En el marco del artículo 26, el Comité manifestó su preocupación por la escasa oferta pública en salud y recomendó expandir la red pública de habilitación y rehabilitación comunitaria, especialmente para niñas, niños y adolescentes.
El organismo de las Naciones Unidas enfatizó que los prestadores privados como la Teletón no deben sustituir las obligaciones estructurales que le corresponden al Estado de Chile.
Diversas organizaciones expusieron que el Estado ha transferido de facto a una institución privada su obligación constitucional y convencional de proveer rehabilitación e inclusión, debilitando el desarrollo de un sistema público universal.
La sociedad civil y la Defensoría de la Niñez alertaron sobre la grave brecha de atención que se produce cuando las personas usuarias de la Teletón cumplen 21 años y son dadas de alta.
Consecuencias territoriales y demandas de la sociedad civil
Al egresar de la Teletón, las personas son derivadas al programa de postrados o a la Atención Primaria de Salud (APS), un sistema sobrecargado que suele limitar los controles a una vez al año.
Esta falta de kinesiología y estimulación continua desencadena la pérdida de habilidades motrices, deformidades y un profundo deterioro en la salud mental de las personas y sus familiares.
En materia de cobertura, la Corporación Opción reportó que la Teletón administra 15 centros a nivel nacional, lo que genera desigualdades territoriales para familias de zonas rurales o aisladas que deben costear traslados complejos sin apoyos estatales.
Frente a este escenario, las agrupaciones exigieron auditar las campañas con aportes públicos para evitar narrativas asistencialistas y crear un sistema público descentralizado que cubra todo el ciclo de vida sin depender de la beneficencia privada.
El Comité de la ONU también recomendó avanzar en la armonización legal para eliminar de forma definitiva la terminología peyorativa y estigmatizante (como las expresiones «dementes», «deficientes mentales» u «hábiles para el trabajo») presente en el ordenamiento jurídico chileno.
Las recomendaciones del Comité marcan un hito clave para reorientar las políticas de salud y comunicación en Chile hacia un modelo de garantías y universal.
Crédito de la imagen: Teletón.
